La Alemania de los años de plomo
El proceso en Francfort al ex terrorista Hans Joachim Klein, que la derecha alemana aprovecha para impugnar al actual ministro Joschka Fischer y al diputado europeo Daniel Cohn Bendit, compañeros de Klein antes de que éste optara por la violencia política, es sólo una muestra de la controversia que suscita en Alemania un pasado aún no procesado.
Por Brigitte Patzold
Decididamente, el pasado alemán no cesa de resurgir: primero fue el pasado nazi; ahora la rebelión de los jóvenes de 1968 contra el silencio de los crímenes de los padres. Leyendo la autobiografía de dos ex terroristas mujeres se comprende mejor el significado de aquellos "años de plomo" y el hecho de que dos ministros en ejercicio, Joschka Fischer y Jürgen Trittin, tengan que responder de su pasado izquierdista ante el Bundestag.
Una de ellas, Inge Viett -cuya vida inspiró el último film de Volker Scholöndorff "Las tres vidas de Rita Vogt"- fue figura emblemática del Movimiento del 2 de junio, la rama "proletaria" de la RAF, fracción del Ejército Rojo (1). La otra, Margrit Schiller, alojó en su departamento de Heilderberg a la "banda Baader" (Ulrike Meinhof, Andreas Baader, Gudrun Ensslin y Jan-Carl Raspe), antes de ser hospedada a su vez, cuando se encontraba prófuga en 1973, por el actual ministro de Relaciones Exteriores Joschka Fischer y por Daniel Cohn-Bendit, que vivía entonces en una comuna de jóvenes izquierdistas en Frankfurt (2).
Inge Viett, detenida por haber atracado dos bancos y secuestrado al responsable democristiano Peter Lorenz, logró escapar dos veces de prisión. Margrit Schiller, por su parte, cayó tontamente en las redes de la policía cuando acompañaba a Ulrike Meinhof en una cabina de teléfonos. Después de cumplir dos años de prisión, vuelve a ser detenida en 1974 con una pistola en el bolso, que nunca había usado. Hace varias huelgas de hambre en solidaridad con sus camaradas de la RAF para protestar por las condiciones de detención en régimen de aislamiento absoluto, la llamada "tortura blanca".
Una es una dirigente de la lucha armada en Berlín que detesta los interminables debates de los "intelectuales pequeño-burgueses" de la RAF. La otra se deja arrastrar más bien a la ilegalidad y la clandestinidad, y casi a su pesar se convierte en testigo de las discusiones políticas entre Ulrike Meinhof -cabeza pensante de la RAF- y Andreas Baader sobre la concepción de la guerrilla urbana y el recurso a la violencia. Una es huérfana, educada por campesinos rústicos que sólo piensan en explotarla. La otra proviene de la burguesía conservadora.
Las dos mujeres tienen en común el odio a su ambiente de origen. Ambas sufren la densa atmósfera de suspicacias y encubrimientos de la Alemania de posguerra, preocupada principalmente por el bienestar material. Inge Viett observa que en la región del Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, donde pasó su adolescencia, hasta entrados los años cincuenta los aldeanos se saludan todavía con el "Heil Hitler". Cuando un día, en un camino solitario, es violada por un campesino de las cercanías, él le da un marco para que no diga nada. Siempre la preocupación por el qué dirán y la apuesta por el dinero. Advierte asimismo que en la escuela los cursos de historia se detienen en la era de Bismarck.
Margrit Schiller, que creció en Bonn, capital provincial de la joven República Federal, detesta tanto como Inge Viett su medio familiar y escolar y se rebela contra una educación autoritaria y católica. Su derrotero la llevará de la anti-psiquiatría al compromiso en el movimiento estudiantil y después a prisión, de donde sale en 1979. A los cincuenta y dos años, vive ahora en Uruguay con sus dos hijos.
Inge Viett abjuró de la lucha armada en 1982, cuando la República Democrática Alemana aceptó esconderla en su territorio junto con otros once terroristas de la RAF. Bajo diferentes identidades inventadas por la Seguridad del Estado (la Stasi), se convirtió en una empleada modelo. Cuando cayó el muro de Berlín, su pasado volvió a atraparla: en 1996 la detuvo la policía de la Alemania unificada. Escribió su autobiografía mientras estuvo presa. Puesta en libertad en 1996, a la edad de cincuenta años, vive cerca de Berlín en una comuna de mujeres. Se declara próxima al PDS, el partido neocomunista, y apoya al pueblo cubano.
Notas al pie:
1 Inge Viett, "Nie war ich furhtloser", Rowohit, Reinbek bei Hamburg, 1999.
2 Margrit Schiller, "Es war ein harter Kampf um meine Erinnerung. Ein Lebesbericht aus der RAF", Konkret Literatur Verlag, Hamburgo, 2000.
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Día Internacional de la Mujer
Conmemorado por primera vez en 1984, apenas recuperada la democracia, el Día Internacional de la Mujer vio desfilar este 8 de marzo a miles de ellas por las calles de Buenos Aires. De entonces a hoy, el balance arroja luces y sombras y una creciente conciencia y participación de las mujeres de Argentina en la lucha por sus derechos específicos.
Por Marta Vassallo
Dos actos callejeros marcaron la apropiación por las mujeres del espacio público en la conmemoración de su día, aparte de los múltiples actos realizados en ámbitos cerrados. Uno de ellos fue una marcha convocada por el Plenario de Trabajadoras, apoyada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Corriente Clasista Combativa (CCC), Mujeres de Izquierda, Amas de Casa del país, entre otras organizaciones de izquierda y de mujeres, que se movilizó a media tarde desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo, donde tiene su sede la Presidencia de la República.
El otro fue la convocatoria, por segundo año consecutivo, de la llamada Peatonal Feminista: a partir de las 19 horas y casi hasta las 23, grupos feministas cortaron la calle Montevideo entre Sarmiento y Corrientes, frente a la Librería de Mujeres, donde se instaló un escenario. Hubo canto, dramatizaciones, música y murga, intercalados por la lectura de un documento.
De algunos talleres realizados en el curso del XVº Encuentro Nacional de Mujeres que tuvo lugar a mediados de octubre de 2000 en la ciudad de Paraná (provincia de Entre Ríos), surgió la iniciativa de conmemorar el 8 de marzo con una marcha de características político-gremiales que reuniera las reivindicaciones de las mujeres en torno de tres ejes: contra la pobreza y la desocupación; contra todas las formas de violencia hacia la mujer; por los derechos sexuales y reproductivos. Esta iniciativa confluyó con la voluntad de las trabajadoras nucleadas en la CTA y de militantes de organizaciones de izquierda, entre las que destacan las de la Corriente Clasista Combativa -CCC- con un trabajo esforzado y significativo con las "piqueteras" (mujeres desocupadas que participan en los cortes de rutas) y de autoorganización de las mujeres de barrios carenciados contra la violencia doméstica, con "escraches" (manifestación ante domicilios o lugares de trabajo) de violadores y golpeadores.
La declaración conjunta de las organizadoras de la marcha desarrolla los tres ejes originales, denunciando especialmente la pérdida de protección laboral de la maternidad, la postergación de la edad de jubilación y proponiendo un Seguro de empleo y formación para los jefes/as de familia desocupados. Destaca asimismo la necesidad de crear las condiciones para que se efectivicen las leyes contra la violencia doméstica, social e institucional y, entre los derechos sexuales y reproductivos, menciona la despenalización del aborto y el respeto a la libre opción sexual. Por último, anuncia que levantarán las mismas consignas en la marcha del 25º aniversario del golpe de Estado del 24-3-76 y en las jornadas de protesta contra la Asociación de Libre Comercio Americana (ALCA), que tendrán lugar en Buenos Aires a principios del próximo mes de abril, coincidiendo con la reunión de cancilleres americanos preparatoria de la de Presidentes, prevista para el 20 de ese mes en Canadá.
La Peatonal fue convocada por la Asociación de Trabajo y Estudio sobre la Mujer (ATEM) 25 de noviembre; el Centro de Encuentros Cultura y Mujer (CECyM); el Centro Interdisciplinario de Estudio sobre las Mujeres de Rosario (CEIM); el Centro de Documentación y la Librería de Mujeres -proyectos ambos del Taller Permanente de la Mujer-; Las Fulanas, Las Lunas y las otras, Madres Lesbianas, Feministas Autónomas y Mujeres Libres.
Esta convocatoria prescinde de banderas partidarias y sindicales; es más celosa de la autonomía feminista y de la especificidad de sus planteos. El documento leído propuso en lo esencial disminuir la jornada laboral sin quita salarial para redistribuir el empleo disponible; igualdad de remuneraciones y de oportunidades de empleo y formación para mujeres y varones; reconocimiento del aporte del trabajo doméstico al Producto Bruto Nacional; más y mejores servicios, leyes y campañas de concientización sobre violencia doméstica y sexual; persecusión efectiva de traficantes y proxenetas y cese de la represión sobre las mujeres y niñas que ejercen la prostitución; despenalización y legalización del aborto y campañas de prevención del VIH-SIDA no discriminatorias; respeto a la orientación sexual con reconocimiento legal de las parejas lesbianas.
Un día de lucha
Estos actos recuperan para las feministas y el movimiento de mujeres el origen combativo de una fecha que los complacientes saludos oficiales y la utilización publicitaria pretenden cooptar. En efecto, el 8 de marzo de 1908, 129 obreras de la fábrica textil Cotton en Nueva York tomaron su lugar de trabajo en demanda de jornadas laborales de 10 horas, igual remuneración por igual trabajo respecto de los varones y franco dominical. En un incendio del establecimiento provocado por el empleador, murieron todas carbonizadas. En 1910, en el Congreso de Mujeres Socialistas, Clara Zetkin propuso que el 8 de marzo fuera consagrado Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En 1975 las Naciones Unidas lo declararon Día Internacional de la Mujer.
Esta fecha se conmemoró por primera vez en Argentina el 8 de marzo de 1984, recién restaurada la democracia. Ese día, varios miles de mujeres se concentraron en la Plaza de los Congresos, convocadas por la Multisectorial de la Mujer, organismo que reunía mujeres de partidos políticos, gremialistas, agrupaciones culturales, asociaciones femeninas y organizaciones feministas. De los reclamos presentados entonces, se cumplió la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la igualdad de los hijos ante la ley y la modificación de la ley de patria potestad. No así, en cambio, el cumplimiento de la ley sobre igual salario a igual trabajo: en la Argentina de hoy las mujeres ganan en promedio el 30% menos que los hombres por igual trabajo y calificación; tampoco la reglamentación de guarderías infantiles (una ley del gobierno peronista de 1975, que nunca se aplicó). En cuanto a la creación de la Secretaría de Estado de la mujer, en 1984, durante el gobierno de Raúl Alfonsín se instauró una Dirección de la Mujer dependiente del Ministerio de Acción Social, que en el año 1987 se elevaría al rango de Subsecretaría de la Mujer. En 1991 el presidente Carlos Menem -que al asumir había instaurado una Secretaría, para eliminarla a los pocos meses- estableció el Consejo Nacional de la Mujer, todavía vigente, que depende del Poder Ejecutivo.
Un balance
De aquellos reclamos a los actuales, la situación de las mujeres se ha agravado en los aspectos económico y social, pero ha habido un evidente avance de conciencia, que se refleja en las exigencias de los documentos de los actos de este 8 de marzo: aunque con énfasis significativamente diferentes y diferentes grados de elaboración, ambos documentos exigen la despenalización del aborto y el respeto a la libre opción sexual, dos de las cuestiones más arduas para instalar socialmente.
En el terreno de la violencia doméstica y sexual se ha avanzado en la visibilización de esos hechos como problemas sociales y en las campañas y leyes que la combaten (como lo ilustra la redefinición de la violación en el Código Penal -en marzo de 1999- ya no concebida como un ataque el honor sino a la integridad sexual; y la ley contra la violencia familiar sancionada el 6-12-00 por la legislatura de la provincia de Buenos Aires). Pero se hace sentir la ausencia de políticas preventivas y la promoción del cambio cultural, que podría darle pleno sentido a las leyes así renovadas.
Hace años que en Argentina no se renueva una convocatoria unificada como la de aquel primer 8 de marzo en democracia. Esta dispersión pone en evidencia la dificultad inherente a un movimiento social como el feminismo, que atraviesa sectores sociales y posicionamientos políticos diversos, agravada por el deterioro de la vida pública y las iniciativas civiles. A esto se suman las dificultades propias de las relaciones entre un movimiento social y las estructuras tradicionales partidarias y sindicales. Estas últimas tienden a subordinar las demandas específicas de las mujeres a sus propias prioridades y disciplina, en el mejor de los casos. A su vez, las feministas que priorizan aquellas demandas sacrifican su posible peso y repercusión social. Les cuesta obtener el reconocimiento del carácter invariablemente político de sus planteos.
Estas relaciones, cuya necesidad y dificultades se pusieron en evidencia en el Foro de Porto Alegre de enero de 2001, prometen madurar en la medida en que tanto las promotoras de la marcha como las convocantes a la Peatonal inscriben explícitamente su accionar en la resistencia a la mundialización, y reafirman la dimensión central que tiene la lucha contra el sexismo en la construcción de una alternativa política y social.
Explosivo informe del Senado de EE.UU.
El informe del Senado estadounidense sobre lavado de dinero -que dedica 48 páginas a Argentina- provocará sin dudas una conmoción en el corrupto sistema político e institucional del país. Este escándalo abre la posibilidad de rehacer ese sistema. Pero las intenciones de EE.UU. podrían ir más allá que acabar con el lavado internacional.
Por Carlos Gabetta
Tiene razón la diputada argentina Elisa Carrió cuando dice que "este es un momento bisagra en la política del país". Autora, junto con su colega Gustavo Gutiérrez, del informe elevado a la comisión del Senado estadounidense -presidida por el demócrata Carl Levin- que investiga el lavado internacional de dinero, Carrió se mostró extremadamente satisfecha en Washington al conocer el informe, que dedica 48 de sus 118 páginas a la operaciones de lavado en Argentina.
A mediados del año pasado, Carrió y Gutiérrez decidieron entregar a Levin el resultado de más de un año de pacientes (y peligrosas, dado el alto grado de contaminación mafiosa de las instituciones y la política argentinas) investigaciones sobre lavado de dinero en el país, en el que estarían involucrados el propio presidente del Banco Central, Pedro Pou, el Citibank de Estados Unidos, su filial de Buenos Aires y sus altos directivos John Reed y Richard Handley respectivamente, entre otros banqueros y funcionarios. El banquero argentino Raúl Moneta, que habría sido el "hombre de paja" (aunque principescamente pagado) en todo este asunto, aparece también seriamente comprometido. Moneta es un hombre a quien se adjudican estrechos lazos con el ex presidente Carlos Menem (1), quien comienza así a ver su nombre mezclado en el tema.
¿Por qué entregar el informe a Levin y no a la justicia argentina? Con razón, Carrió y Gutiérrez argumentan que en su país no hay garantías, ni judiciales, ni políticas, ni de seguridad. Desde que en 1989 el ex presidente Carlos Menem y su partido justicialista se hicieron cargo del gobierno al cabo de elecciones democráticas, la decadencia de las instituciones iniciada durante la dictadura militar (1976/83) y apenas frenada durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983/89), se aceleró hasta llegar a niveles esperpénticos (2). En cuanto a la seguridad, a partir de la trascendencia internacional del asunto, un atentado a Carrió, Gutiérrez o cualquiera de sus colaboradores similar a los ya sufridos por jueces, funcionarios y periodistas en Argentina -impunes hasta el momento- haría seguramente trastabillar al gobierno y provocaría una crisis política de imprevisibles consecuencias.
Justamente, tanto el gobierno como el conjunto de la dirigencia política minimizaron al principio las denuncias, seguramente porque saben hasta dónde llega la implicación de muchos de ellos y, también, por el estólido reflejo corporativo de negar los hechos; la política del avestruz. Si Carrió y Gutierrez no hubiesen entregado su informe fuera del país, el "ninguneo" de sus colegas y la inoperancia y corrupción de la justicia hubiesen acabado por colocarlos en el papel de tontos, sino de locos.
Pero este escándalo, que se suma a los incontables ya estallados en el país, ocurre en un momento especial: la economía lleva ya tres años de recesión sin indicios de recuperación a la vista; los índices de pobreza y desempleo no tienen antecedentes; el Estado y sus instituciones están desmembrados y, por si esto fuese poco, a finales del año pasado el vicepresidente de la República, Carlos Alvarez, renunció denunciando la corrupción en el Senado, del que era presidente. No parece pues haber margen para "mirar hacia otro lado" respecto al tema, tanto por la importancia del lugar desde donde proviene la denuncia, como por el hartazgo de la sociedad argentina.
Carrió y Gutiérrez insisten en que "la batalla recién empieza", y tienen razón: ahora toca tirar del hilo del lavado del dinero en estos años; ir desvelando los nombres de los implicados y llevándolos ante la justicia. El lavado de dinero en Argentina puede obedecer a tres factores: evasión impositiva, narcotráfico y corrupción. En este último rubro, sólo en el proceso de dudosísimas privatizaciones realizadas en los primeros años del gobierno menemista ingresaron al país casi 40.000 millones de dólares; en el mismo periodo, la deuda externa pasó de 62.000 millones de dólares a más de 150.000. Muchos se preguntan adónde fueron a parar semejantes sumas, fuera del pago de los intereses de la deuda y los gastos corrientes. Considerando el altísimo nivel de corrupción existente, no sería de extrañar que este rubro resulte parte importante del proceso de lavado de dinero.
Es evidente entonces que Carrió razona bien cuando afirma que se trata de un momento "bisagra" en la política y para las instituciones argentinas: si el tema es investigado y los culpables -todos- debidamente denunciados y traducidos en justicia, el país podría conocer un vuelco cualitativo y la sociedad recuperar la confianza en los dirigentes y las instituciones; de lo contrario, es muy probable que la frustración disparase una contestación social de imprevisible furor y contenido.
Queda una pregunta por hacerse respecto a este asunto, que por cierto es bienvenido, en la medida en que, aunque no llegue al fondo de las cosas, al menos habrá servido para alertar a la opinión mundial sobre los manejos de banqueros y financistas públicos y privados de todo el mundo. La pregunta es: ¿A qué viene el súbito interés de Estados Unidos por destapar el tema del lavado mundial de dinero y dedicar casi la mitad de su informe a un país como Argentina, cuando es notorio que son sus bancos y su sistema financiero, junto a los de los demás países desarrollados, los que han creado y respaldado el mecanismo y se han beneficiado?
Las respuestas posibles son varias, no necesariamente excluyentes y exceden el propósito de este artículo. Pero sin pecar de demasiada suspicacia, habrá que estar atento a eventuales nuevas presiones internas y externas para dolarizar la economía argentina y a la también eventual presentación de proyectos de ley -en Argentina y otros países- que otorguen a Estados Unidos, con la excusa de vigilar el lavado de dinero, poder de observación e ingerencia sobre sistemas financieros, aduaneros, fiscales, bancos centrales, etc., de terceros países. El camino del infierno, se sabe, está empedrado de buenas intenciones y el diablo, también se sabe, está en los detalles.
1 Clifford Krauss, "Money-Laundering Report give argentine leader a new woe", The New York Times, 1-3-01.
2 Le Monde Diplomatique edición Cono Sur se ha ocupado extensamente de este tema. Ver en particular Carlos Gabetta, "La República en peligro", N° 14, agosto 2000; "Decae la República; se afirma el país mafioso-bananero", N° 16, octubre 2000; "Fin de época", N° 17, noviembre 2000 y "República, o país mafioso", Nº 4, octubre 1999.
En los orígenes de un mito
Nombrado presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en 1987 por el entonces presidente Ronald Reagan, Alan Greenspan aparece como custodio de la ortodoxia del mercado, aunque sus prácticas lo contradicen. Republicano, debe su fama al boom económico y bursátil de la era Clinton, con quien se llevó mucho mejor que con George Bush.
Por Ibrahim Warde
Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (el Banco Central) cultiva, tanto por necesidad como por temperamento, una imagen de esfinge. Mientras que el mundo de las finanzas no deja de sondear su pensamiento, "el hombre que hace temblar a los mercados" se las ingenia para confundir las pistas. Incluso las declaraciones que hace en privado son, se dice, enigmáticas, "a tal punto la oscuridad verbal y la prudencia están arraigadas en él" (1).
Durante mucho tiempo, la profesión económica lo despreció. Se doctoró con dificultad, tardíamente y gracias a concesiones no habituales: dispensado de hacer la tesis, le dieron el título sobre la base de artículos redactados con anterioridad y que el público no estaba autorizado a consultar. En 1974, algunas semanas antes de su dimisión, el presidente Richard Nixon lo invitó a presidir su comité de consejeros económicos. Desde ese cargo, que conservó durante el mandato de Gerald Ford (1974-1977), enfrentó la primera gran recesión de la posguerra y elaboró infinidad de planes, todos condenados al fracaso, de lucha contra la "stagflación".
Su travesía del desierto duró seis años. Fue lucrativa, pero se vio sujeta a controversia. Las previsiones del gabinete Townsend-Greenspan eran famosas sobre todo porque siempre resultaban erróneas. Le ocurrió además que se hizo garante, por dinero contante y sonante, de la seriedad e integridad de personajes de dudosa reputación, entre ellos Charles Keating, promotor de las cajas de ahorro cuya quiebra costó varios miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses (2). En 1987, el presidente Ronald Reagan lo designó presidente de la Reserva Federal, puesto que continúa ocupando.
Cualquiera que trate de definir sus convicciones profundas se verá desorientado. Durante más de quince años, fue un ferviente discípulo de la muy dogmática Ayn Rand, novelista y "filósofa", fundadora del movimiento "objetivista", que se dedica a probar la moralidad del capitalismo salvaje. Sin embargo, el pragmatismo y la flexibilidad caracterizan la carrera de Greenspan. Considerado generalmente como un republicano moderado, en la esfera de influencia monetarista, supo abrazar los contornos de políticas económicas a veces contradictorias. Nombrado por el presidente Nixon (a quien se debe la fórmula "todos somos keynesianos"), flirteó a continuación con la economía de la oferta, antes de interesarse por el impacto de la "nueva economía" sobre la productividad y los grandes equilibrios económicos.
A pesar de su fetichismo con las cifras, a la hora de tomar decisiones importantes se fía de su instinto. Y tras una imagen de intransigencia, sabe adular hasta obtener satisfacción. Republicano, tuvo relaciones difíciles con la administración de George Bush padre (el ex presidente considera que la desaceleración económica de 1990-1992 le costó la reelección) y no conoció su verdadera gloria hasta los dos mandatos de Clinton. En 1993 convenció al joven Presidente de que abandonara la idea de programas sociales ambiciosos y adoptara como prioridad absoluta la reducción del déficit presupuestario. Clinton dijo entonces aquella frase que se hizo famosa: "El futuro de mi programa depende de la Reserva Federal y del maldito mercado de obligaciones".
El mito Greenspan se explica por el boom económico y bursátil de los años noventa. La imagen convenida es la de un guardián de la ortodoxia financiera, respetuoso del veredicto del "mercado". En realidad, el gobernador de la Reserva Federal estuvo en el centro de intervenciones masivas (salvatajes del sistema bancario estadounidense en 1990-1991, de México en 1994, de Asia en 1997, y del Hedge Fund Long Term Capital Management en 1998) que iban siempre en contra de la lógica proclamada. Pero había que proteger a los operadores financieros de sus insensateces.
Y salvar "al mercado" de la catástrofe.
Notas al pie:
1 Bob Woodward, "Maestro: Greenspan´s Fed and the American Boom", Simon & Schuster, Nueva York, 2000.
2 Justin Martin, "Greenspan: The Man Behind Money", Perseus Publishing Cambridge, Massachusetts.
Rechazo planetario al ataque a Irak
Los misiles que Estados Unidos arrojó el viernes 16 sobre Bagdad definen un nuevo panorama mundial, cuyo rasgo esencial había logrado disimularse hasta hoy: Washington está decidido a llevar a adelante su política aun al precio del aislamiento internacional. América Latina deberá tener en cuenta estos desarrollos en la definición de sus alianzas.
Por Luis Bilbao
Duda, rechazo y temor signaron la respuesta generalizada de quienes en América Latina habitualmente acompañan las decisiones de la Casa Blanca: "Sin el menor embozo o tapujo (Estados Unidos y Gran Bretaña) han asumido con entera naturalidad el papel de gendarmes globales (...) Mal que le pese a la tradición política de Occidente, hoy están plenamente impuestas la libre injerencia en función del poder militar y la noción de supranacionalidad como trasunto de un arbitrio extranjero proporcionado a la fuerza necesaria para aplastar a quien se ha resuelto que no merece existir (...) siglos de lucha por constituir un mundo más justo y más racional han terminado creando un sistema que sin apelar a creencias, leyes ni conveniencias limita sus aspiraciones a la aplicación de la ley del más fuerte", dice el editorial de "La Nación" de Buenos Aires, un medio a quien nadie osaría calificar de izquierdista (1).
Tan brutal, injustificada y extemporánea ha sido esta enésima agresión contra Irak (conviene recordar los bombardeos ordenados por William Clinton en septiembre de 1997 y en diciembre de 1998 y registrar que desde esta última fecha ha habido 29.209 incursiones aéreas estadounidense-británicas con base de partida en Turquía, Kuwait y Arabia Saudita), que las voces de condena no ocultan la confusión respecto de los verdaderos móviles de la Casa Blanca, pero coinciden en la alarma por la dinámica que presupone el hecho en sí y, sobre todo, el modo en que se llevó a cabo.
El Consejo de Seguridad de la ONU no fue consultado y ni siquiera informado. Lo mismo ocurrió con la OTAN, lo cual expone con crudeza sin precedentes la fractura entre Estados Unidos y la Unión Europea. Al parecer, tampoco el presidente ruso Vladimir Putin fue advertido por Washington con antelación. El Ministerio de Exteriores ruso emitió un comunicado en el que sostiene que "esta línea de acción contradice la Carta de la ONU y otras normas de derecho internacional, y agudiza la ya explosiva situación en Oriente Próximo". Hubo algo más elocuente que la declaración del Kremlin: ese mismo día Rusia disparó tres misiles estratégicos que desde un submarino nuclear en el Mar de Bárents, una base terrestre cercana a Moscú y un avión cuya posición no fue informada, recorrieron una distancia equivalente a la que separa las capitales de Rusia y Estados Unidos, aunque en esta oportunidad dieron en el blanco de un polígono de pruebas, en la península de Kamchatka. El amenzante despliegue fue explícitamente presentado como réplica a los planes estadounidenses de replantear el escudo espacial antimisiles, calificado por el general Leonid Ivashov como medida contra Rusia y China, frente a la cual "encontraremos una respuesta simétrica". La simultaneidad del ensayo con el ataque a Bagdad permite creer que los sucesores de la KGB continúan bien informados y Putin ha resuelto tensar los músculos.
Ante la difícil opción diplomática la Unión Europea dejó a París el centro del escenario. Horas después del ataque, el ministerio de Relaciones Exteriores de Francia hizo pública su "sorpresa e indignación" y declaró a la prensa que estaba "a la espera de explicaciones de la administración estadounidense". El gobierno chino condenó el bombardeo y sostuvo "la necesidad de respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Irak". La Liga Arabe, que agrupa a 22 países, reprobó con énfasis "este ataque que no tiene justificación, al tiempo que infringe las resoluciones y bases de la legalidad internacional". Desde las propias filas laboristas del primer ministro británico Anthony Blair, el líder Anthony Benn calificó el ataque como "un acto de terrorismo de Estado". En este concierto y pese a su reconocida preocupación por los derechos humanos, el canciller argentino Adalberto Rodríguez Giavarini no emitió ninguna declaración.
Hechos y argumentos
Los hechos son conocidos: 24 aviones de la US Air Force y la RAF británica atacaron Bagdad durante 50 minutos, escoltados por otras 26 naves de apoyo. El flamante presidente estadounidense, George Walker Bush, dio la orden desde México, donde visitaba a su par Vicente Fox, estupefacto por el inocultable mensaje que tal simultaneidad conlleva. Las bajas reportadas por el gobierno iraquí son tres muertos y 30 heridos, todos civiles, aunque según Washington el objetivo fueron cinco centros militares de radares, comunicaciones y control aéreo, situados en la capital iraquí. La operación fue explicada por un portavoz del Pentágono -hasta la hipocresía está en decadencia- como "un acto de autodefensa".
"Fue una misión de rutina", dijo Bush. El jefe de operaciones del Estado Mayor estadounidense, lo contradijo. Según el general Gregory Newbold, nuevos radares "aumentaron la eficacia" de la defensa antiaérea iraquí, poniendo en peligro a los aviones que garantizan el bloqueo aéreo. Esto, según la lógica de Washington, constituye "una provocación" y "una amenaza intolerable". El Pentágono se escudó en la ONU para legitimar el mantenimiento de la prohibición que aísla a Irak. Pero no hay tal base de justificación, como se encargó de subrayar el diario español "El País", que al igual que la totalidad de la prensa liberal internacional dejó en claro su rechazo a la escalada de Bush: "Las zonas de exclusión aérea sobre Irak no se fundan en ninguna resolución de la ONU. Fueron decididas por Estados Unidos y algunos de sus aliados en la guerra del Golfo" (2).
El citado editorial de "La Nación" duda entre "que verdaderamente no hubo motivo alguno para hacer lo que se hizo (...) o bien que esa acción haya obedecido a razones que no se juzgó prudente dar a conocer". Para explicar el ataque desde otros ángulos, se apela al sencillo recurso ofrecido por los singulares rasgos intelectuales del Presidente estadounidense, hijo además de quien una década atrás desató la guerra contra Irak. Pero el simplismo no aventaja a la lógica del Pentágono cuando se trata de explicar un punto en el que se resumen múltiples y complejísimos cambios en las relaciones económicas, políticas y militares del mundo de hoy.
Si el hecho dominante aparece al comparar las reacciones actuales con el mundo encolumnado tras Estados Unidos en la guerra de 1991, no es menos significativo que tras diez años de destrucción y bloqueo y pese al desmesurado costo humano de esta política, Saddam Hussein continúe al comando de Irak. Una especulación sobre este nuevo ataque alude a la inminencia de un avance de la oposición interna, a cuya victoria apostaría Washington con el bombardeo. Los despachos de la prensa occidental desde Bagdad, sin embargo, coinciden en que la agresión ha abroquelado aún más a la población en torno a Hussein y contra Estados Unidos. Está a la vista, además, que el mundo árabe, aliado a Washington en 1991, está ahora sin fisuras con Hussein, con la explicable excepción de Kuwait y Arabia Saudita.
La amenaza de Hussein de "bombardear Kuwait y Arabia Saudita" y atacar a Estados Unidos "por cielo, mar y tierra" debe entenderse en un contexto en el que se hunde el plan de paz estadounidense para Medio Oriente (resultante precisamente de la guerra de 1991) y recrudece la posibilidad de una guerra regional. Esa perspectiva fractura con más radicalidad que nunca al mundo árabe de la alianza israelí-estadounidense. Y el hecho es que Hussein no sólo recupera el apoyo árabe, sino que se eleva como líder de los palestinos. En este sentido, no cabe tomar a la ligera la decisión de Bagdad de formar, el día siguiente del bombardeo, "21 nuevas divisiones de voluntarios para la lucha por la liberación de Palestina" (3).
Que este ex aliado de la Casa Blanca -demonizado luego por crímenes que ya cometía contra kurdos y shiitas en la época en que coincidía con el Departamento de Estado en la guerra contra Irán- amenace transformarse en el líder de uno de los más explosivos movimientos antiestadounidenses en el mundo, es también un signo objetivo de la dinámica global. Como lo es el hecho de que pese al insólito despliegue de fuerzas militares para garantizar el bloqueo y las increíbles medidas destinadas a evitar el ingreso de fondos a Bagdad (4), en estos diez años Hussein no sólo ha logrado perforar el bloqueo en todos los sentidos imaginables, sino que ha recompuesto su posición diplomática, económica y militar. El 18 de enero Irak firmó un tratado de libre comercio con Egipto y el 1º de febrero hizo otro tanto con Siria; están previstos acuerdos similares con Jordania y Yemen. Desde noviembre último se reabrió el oleoducto entre Siria e Irak. Turquía (integrante de la OTAN y esperanza clave de Washington para su estrategia militar hacia Europa del Este, además de Medio Oriente), ha elevado la voz porque alega haber perdido 35.000 millones de dólares a causa del bloqueo a Irak.
"Saddam ha maniobrado respecto de las restricciones financieras contrabandeando petróleo. Pronto puede comenzar a desafiar la prohibición de importar armamento, porque sus fronteras son porosas y pocas naciones hacen esfuerzos por bloquear la venta y transporte de armamentos hacia Irak" reconocía un editorial de "The Washington Post" tres días antes del bombardeo (5). Falta agregar que entre esos países "despreocupados" por el bloqueo están algunos -y no los menos importantes- que acompañan a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU: China, Rusia y Francia (en ese orden y seguidos por Egipto), son los principales socios comerciales de Irak. Existen fundadas denuncias de que Ucrania, alentada por Rusia, provee los recursos técnicos y armamentos que al parecer resultan "intolerables" para el Pentágono.
¿Advertencia para América Latina?
Con todo, es conjeturable que la causa circunstancial más candente del conflicto de Estados Unidos con Irak resida en otro punto, incluso en otras latitudes. Desde hace dos años, el alza del precio del petróleo se ha convertido en acelerador de una crisis económica que, determinada por otras causas, perdió de este modo un factor clave de neutralización temporaria. Esa mudanza estuvo directamente provocada por una decisión política puesta en movimiento por el presidente venezolano Hugo Chávez, antes incluso de asumir su cargo, a inicios de 1999. La reactivación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el posterior reanimamiento de diversas expresiones de lo que fuera el Movimiento de Países No Alineados, que culminarían el año pasado con la reunión de presidentes sudamericanos convocada en Brasilia por el presidente Fernando Henrique Cardoso, son otras tantas manifestaciones de un fenómeno inocultable ya por más tiempo: la gravedad sin precedentes de la crisis económica mundial provoca a la vez el creciente encono entre los tres grandes centros del poder (Estados Unidos, la Unión Europea y Japón); lleva al fracaso los ensueños de un dulce retorno al liberal-capitalismo de la ex Unión Soviética y China; induce un acto reflejo de unidad para la autodefensa en el conjunto de países subdesarrollados y dependientes... y empuja a Estados Unidos hacia un progresivo asilamiento.
Ya pueden leerse en los titulares de cada día, como cosa normal, datos reveladores de un drástico cambio mundial ocultados con celo hasta ayer: "Brasil relanza el Mercosur mientras Bush aprieta el acelerador a favor del ALCA" (6); "Tras su visita a México, Bush se concentra en América Latina" (7); "Chávez plantea un desafío mayor que Castro para los intereses estadounidenses" (8); "Repensar el liderazgo estadounidense para un mundo diferente" (9); "La Alianza (Estados Unidos-Unión Europea) se encuentra nuevamente dividida" (10); "Estados Unidos sospecha que Chávez intenta exportar su proyecto bolivariano" (11); "La UE asume como realidad el proyecto (de escudo antimisiles) de Bush" (12); "Rusia dispara tres misiles estratégicos en abierto desafío al escudo nuclear de Estados Unidos (13); "Revisando la guardia" (14); y como resumen de una lista inacabable de signos de los nuevos tiempos, la conclusión del ya reiterado editorial de La Nación: "estos trastornos entrañan el gran riesgo de generar un malestar que acaso un día resulte incontrolable, quizá conformado por partes parejas de hartazgo de los eternos perdidosos y descomposición moral de los perpetuos ganadores".
El diario liberal argentino asume que los misiles apuntan a todos quienes actual o potencialmente se nieguen a aceptar las decisiones de la Casa Blanca. Más aún, revela que, ideologías aparte, el peso de la crisis resulta insoportable ya no sólo para los desposeídos, al tiempo que reaparece como factor político el temor a eventuales desafíos al poder por parte de "los eternos perdidosos", que no son precisamente las clases gobernantes.
En Oriente Medio este cuadro se expresa en la dramática figura de los habitantes de Israel recurriendo nuevamente a las máscaras antigás, en previsión de un contragolpe iraquí, mientras las fuerzas armadas israelíes y estadounidenses realizan prácticas con los misiles Patriot. En América Latina la apariencia es menos trágica y aunque no hay espacio para ensoñaciones (mientras acelera la marcha del Plan Colombia y presiona desde todos los ángulos para imponer la dolarización, Bush acaba de designar como embajador en la ONU a John Negroponte, el organizador de la llamada "contra" nicaragüense), se multiplican los signos de un cambio en la actitud de los más diversos sectores sociales y en las relaciones de fuerza a todo nivel. El desembarco de David Rockefeller en La Habana en el mismo momento en que Bush escuchaba a Fox advirtiendo: "soy partidario de un acuerdo continental pero tenemos que consolidar primero los muchos acuerdos que tenemos" (adelanto de lo que se verá el 20 de abril en la reunión de presidentes americanos en Canadá), más que la impotencia del bloqueo a Cuba y la resistencia a las impiadosas condiciones del ALCA, mostró que la grieta entre Estados Unidos y el mundo tiene también una línea de prolongación interior.
La política exterior de Estados Unidos respecto de América Latina (cuya peor variante llevaría al límite el conflicto con Cuba; agravaría la situación en Colombia y podría desembocar en un enfrentamiento abierto con Venezuela), dependerá sobre todo de la conducta que definan los propios países latinoamericanos.
1 "Bombas sobre Bagdad"; editorial de "La Nación", Buenos Aires, 19-02-01.
2 "Exclusión aérea, una medida sin sanción de la ONU", El País, Madrid, 17-02-01.
3 "Irak amenazó con tomar represalias", "La Nación", Buenos Aires, 18-02-01.
4 Alain Gresh, "¡Irak pagará!", "Le Monde Diplomatique" edición Cono Sur, octubre de 2000.
5 Anti-Saddam Tactics; International Herald Tribune, 13-02-01
6 Juan Arias, "El País", Madrid, 17-02-01.
7 María O'Donnell, "La Nación", Buenos Aires, 18-02-01
8 Jim Hoagland, "Chávez Poses a Bigger Challenge to US Interests Than Castro", "International Herald Tribune", 03-02-01.
9 Chester a. Crocker and Richard H. Solomon, "Rethink US Leadership for a Different World"; "International Herald Tribune", 26-01-01.
10 Antonio Polito, "E l´Alleanza si ritrova nuovamente divisa", "La Repubblica", Roma, 18-02-01.
11 Juan Jesús Aznarez, "El País", Madrid, 11-02-01.
12 Bosco Esteruelas, "El País", Madrid, 17-02-01.
13 Rodrigo Fernández, Ibíd.
14 "Reviewing the Guard"; editorial de "The Washington Post" referido a los planes de rearme del gobierno Bush; "International Herald Tribune", 13-02-01.
Foro Mundial de Porto Alegre
Celebrado en Porto Alegre a fines de enero, el primer Foro Social Mundial afirmó que es posible otro mundo, pacífico y solidario. A los principios de una economía fundada en la rentabilidad del capital financiero, es preciso oponer criterios de inversión e intercambio fundados en los imperativos de desarrollo de individuos y sociedades.
Por René Passet
Frente a la celebración anual del capital y del dinero, que una vez más acaban de acoger las montañas suizas, se levanta ahora el Foro mundial de hombres y mujeres de todo el mundo reunido en Porto Alegre. Este primer encuentro ha demostrado que a la fría lógica del aparato económico no solamente responde el imperativo de la generosidad sino también la lógica, viva y no menos rigurosa, que inspiran los imperativos de la finalidad humana. La economía -actividad de transformación de la naturaleza destinada a satisfacer las necesidades de los hombres- sólo tiene sentido, por definición, en relación con esta finalidad. Cuando el medio se convierte en fin y el fin en medio, cuando los seres humanos están al servicio del dinero y no el dinero al servicio de los seres humanos, la racionalidad se vuelve sinrazón y el mundo se hunde en el absurdo.
Por eso, mientras que a lo largo de medio siglo el producto mundial se multiplicó por 9, aumentaron las desigualdades entre los pueblos y, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en ochenta países disminuyó el producto por habitante. La máquina, que debería aliviar al ser humano de sus trabajos, engendra en las naciones más ricas -e incluso en los períodos de "recuperación" económica- desigualdad, miseria y exclusión social. La carrera productivista a que están sometidas las empresas agota la naturaleza, aumenta las deducciones y los rechazos y descompone los grandes mecanismos reguladores de la biosfera. La vida humana, en su totalidad, se convierte en objeto de mercantilización y -nuevo criterio de racionalidad- la lifetime value expresa el valor de la persona en función de las compras que es susceptible de realizar durante toda la duración de su existencia. Si la eficacia se define como lo "que produce el efecto que se espera" (1) ¿qué sentido puede tener en economía?
A los principios de una economía basada en la rentabilidad del capital financiero hay que oponer criterios de inversión y de cambio basados en los imperativos de la finalidad humana.
A las supuestas ventajas comparativas naturales, debe oponerse la necesidad de tener en cuenta la desigualdad de condiciones en que los seres humanos producen. Las ventajas comparativas son la consecuencia de una mano de obra abundante o de la localización de algunos recursos, y benefician solamente a las transnacionales que los controlan, no a las regiones del mundo que los poseen. En todos los sectores, los precios de costo de los productos procedentes de sistemas con fuerte intensidad de capital están fuera del alcance de los sistemas productivos que se basan esencialmente en el trabajo. El criterio de competitividad-precio condena a la desaparición a poblaciones enteras. Si ese es el objetivo, hay que decirlo. Si no, hay que corregir las desigualdades naturales de las condiciones de producción mediante un tratamiento económico que beneficie a los más desfavorecidos.
A la llamada cláusula de la nación más favorecida (2), de la Organización Mundial del Comercio (OMC), debe oponerse el derecho de los pueblos a organizarse libremente en amplias comunidades solidarias, según modalidades destinadas a evitar cualquier tipo de dominación de los más poderosos sobre los más débiles; el derecho a protegerse mediante barreras de preferencia comunitaria y el de controlar los movimientos de capitales cuyos brutales flujos y reflujos -como en Asia oriental en 1997- desorganizan las economías reales y hunden a los pueblos en la miseria.
Contra la llamada "cláusula de tratamiento nacional" (3), reivindicamos el derecho de las naciones a proteger sus actividades vitales, a valorar como les parezca su territorio y, prioritariamente, a preservar o construir su autosuficiencia alimentaria contra la devastadora invasión de las agriculturas industrializadas. Nos negamos a que los valores sociales, las culturas y todo lo que configura la identidad de los pueblos, se reduzca a la simple dimensión de valores mercantiles.
Frente al imperio de la rentabilidad mercantil, proclamamos la preeminencia de los derechos fundamentales de la persona, la utilidad social y el interés general. La rentabilidad de las actividades relacionadas con ellos no es esencialmente monetaria y a corto plazo: es de naturaleza social y se manifiesta a través de efectos indirectos a largo plazo sobre el desarrollo de la colectividad. Así ocurrió en el siglo XIX con el ferrocarril; así es hoy -o debería ser- con el campo de lo nuclear, las biotecnologías, etc. Entre esas actividades, algunas que son cruciales para el futuro de la colectividad o conciernen a los derechos fundamentales de la persona (salud, educación, seguridad, infraestructuras, actividades bancarias o financieras), no deberían estar subordinadas a los criterios de los intereses mercantiles y al lucro.
Corresponde a los poderes públicos si no asumirlas todas, sí al menos controlar su ejercicio y desarrollo. Las fusiones, adquisiciones y concentraciones capaces de poner en manos de intereses particulares poderes que a veces son superiores a los de los Estados, deben ser rigurosamente limitadas, e incluso desmanteladas. Nos parece que esta debe ser la competencia del sector público.
Existen otras actividades cuya rentabilidad es igualmente social y a largo plazo, y no debe colocarse el destino colectivo en manos de algunas potencias privadas. Es así porque esencialmente cultivan relaciones de proximidad generadoras de ciudadanía (sistemas de intercambios locales, redes de intercambios recíprocos y de saberes, vida asociativa local, etc.), o porque su objetivo primoridal no es el lucro, y porque el poder es compartido por el conjunto de sus miembros: asociaciones, cooperativas, mutuales, sistemas financieros alternativos y solidarios. En todos estos casos, el poder público debe favorecer el libre surgimiento de la creatividad individual. Tiene la responsabilidad de apoyarlo en nombre, y dentro de los límites, de su productividad social. Este es el campo de la economía social y solidaria (4). No se trata, por tanto, de la defensa de algunas "excepciones" -la cultural, por ejemplo- lo que significaría reconocer a la regla mercantil el estatuto de norma, sino de las funciones que debe asumir una sociedad en sus diferentes niveles de organización.
Primacía de lo político
Al imperio exclusivo de la racionalidad individual, sin ninguna otra participación, deben oponerse los principios de la economía "plural". Así como en la naturaleza el paso de la molécula a la célula y luego el de ésta al órgano y al sistema (respiratorio, circulatorio, digestivo), se traduce en la aparición de nuevas funciones y nuevas lógicas, afirmamos que cada paso de lo individual a los diferentes niveles de lo social va acompañado de un cambio de lógica: la racionalidad a la que deben someterse la construcción y la gestión de un bien colectivo -embalse o vía de comunicación, por ejemplo- depende de una forma de cálculo diferente de la aplicable a un bien individual, de equipamiento doméstico por ejemplo. Dado que cada uno de los niveles es igualmente constitutivo del todo, no solamente no negamos sino que por el contrario afirmamos la existencia legítima de una racionalidad individual mercantil. Lo que sí rechazamos radicalmente es que la realidad económica quede reducida a esta única lógica y que lo social se defina como una suma de racionalidades individuales.
De ahí, las orientaciones de una acción política destinada a reubicar la economía en su lugar, al servicio de la comunidad humana, en la que encuentra todo su sentido y su dignidad.
En primer lugar, garantizar la supremacía de los valores socio-culturales sobre los valores mercantiles. En efecto, los primeros representan aquello por lo cual una persona da sentido a su existencia y la sitúa por encima de ella misma. La comprometen en su concepción del mundo más allá de lo refutable y lo demostrable. De ahí la supremacía natural de la función política -que encarna el proyecto social resultante de la libre confrontación de sistemas y valores socio-culturales- sobre la función económica, que se sitúa simplemente en el nivel de los medios a poner en práctica para realizar el proyecto colectivo. El hecho de que los valores se sitúen fuera del campo de lo refutable y lo demostrable entraña el respeto por su pluralidad, que es el fundamento mismo de la democracia.
Desde el punto de vista práctico, esto significaría que, lejos de constituir la ley suprema a la que deben plegarse todas las otras, los acuerdos comerciales deben -en contra de las pretensiones de la OMC- estar subordinados al respeto a las convenciones internacionales relativas a los derechos individuales y sociales de la persona, lo mismo que a los del medio ambiente (especialmente la declaración de Río, la Agenda 21 (5) y los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente), las directivas de Naciones Unidas relativas a la protección del consumidor y el conjunto de convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A continuación, someter los poderes económicos y financieros a la autoridad del poder político. Las desviaciones de la especulación, por ejemplo, reclaman la puesta en marcha del impuesto Tobin, o de otros medios que pretendan el mismo resultado; la organización de un nuevo sistema monetario y financiero internacional y el control de los movimientos de capitales en el mundo. Mientras el poder internacional de las finanzas y las transnacionales sólo tenga enfrente a los gobiernos nacionales, estos últimos, lejos de ser árbitros, continuarán siendo juguetes que las potencias económicas manipularán a su antojo. Sólo la concertación de los gobiernos, impuesta por la voluntad de los pueblos, podrá elevar el poder político al nivel planetario de las fuerzas que tiene obligación de yugular.
No se puede seguir tolerando el extraordinario vuelco por el cual quienes reivindican la apertura de fronteras a los asaltos de su rapacidad, han conseguido convertirse en los caballeros de una mundialización "feliz", calificando de "antimundialistas" (6) a quienes combaten contra sus intentos de confiscar el planeta. A la Internacional del Dinero, debe oponerse un nuevo internacionalismo, dirigido a la reagrupación de la comunidad humana y con un triple imperativo de solidaridad:
solidaridad entre los pueblos del mundo, mediante la anulación de la deuda pública de los países pobres, el refuerzo de la ayuda internacional en su favor y la reestructuración de las instituciones internacionales en torno a una Organización Mundial del Desarrollo Social (OMDS). Esta organización, constituida democráticamente, estaría habilitada para negociar -en nombre de los pueblos y con ellos- "contratos" que garantizaran el desarrollo de todos, respetando los derechos humanos fundamentales y la protección de la naturaleza;
b) solidaridad de los seres humanos en el seno de cada nación o comunidad de naciones, mediante una reducción del tiempo de trabajo que permitiera dar un empleo a todos y mediante nuevas modalidades de reparto de la renta que garantizaran a todos su parte de una riqueza cuya producción es, cada vez más, el fruto de una obra colectiva;
c) solidaridad de los seres humanos a través de las generaciones, mediante la puesta en práctica de políticas de protección de la naturaleza -bien común de la humanidad- y de desarrollo sustentable, que permitieran a las generaciones presentes satisfacer sus necesidades lo mejor posible sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.
Lo que los gobiernos, actuando de forma dispersa, no pueden o no quieren hacer está a punto de empezar a conseguirlo la movilización de los pueblos. Las mismas tecnologías de lo inmaterial que han favorecido la mundialización del capital permiten la concertación permanente y la movilización de movimientos ciudadanos en el mundo. Ayer fue el fracaso del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI); el fiasco de la OMC en Seattle; el cierre de los mercados europeos a los organismos genéticamente modificados (OGM); la retirada de la patente llamada Terminator por la firma Monsanto; Millau, Praga, Niza. Y he aquí que estas movilizaciones esporádicas se transforman en una fuerza de proposición permanente con la que deberán contar los poderosos (7).
Notas al pie:
1 Definición del diccionario Robert.
2 La cláusula de nación más favorecida obliga a cualquier miembro de la OMC a hacer extensible, inmediata e incondicionalmente, a todos los miembros una ventaja que estuviera dispuesto a conceder a uno de ellos.
3 La cláusula del trato nacional, otro principio fundamental de la OMC, obliga a un país miembro a tratar de la misma manera los productos nacionales y extranjeros.
4 Jean-Loup Motchane, "La economía social y solidaria. ¿Coartada o alternartiva al liberalismo?", "Le Monde diplomatique", ed. Cono Sur, febrero de 2000
5 Adoptada por la Conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo celebrada en Rio en 1992, la Agenda 21 establecía los objetivos a alcanzar y los medios a poner en práctica durante el período 1992-2000 en materia de desarrollo sustentable. Pero las medidas propuestas no eran obligatorias y su aplicación quedó librada a la discrecionaliad de los Estados.
6 Sobre el uso del término "anti-mundialista", adjudicado al Frente Nacional francés (de extrema derecha), por algunas personalidades deseosas de desacreditar a quienes se oponen a la mundialización liberal, léase la nota 10 del artículo de Bernard Cassen, "Ladran, Sancho...", "Le Monde diplomatique", ed. Cono Sur, enero de 2001.
7 Ignacio Ramonet, "Porto Alegre", "Le Monde diplomatique", ed. Cono Sur, enero de 2001.
El voto argentino sobre Cuba en la ONU
Las fuertes expresiones del presidente cubano Fidel Castro en relación con un eventual voto adverso a Cuba de parte de Argentina (1) ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el próximo abril tiene antecedentes que la explican. Pero este incidente diplomático pone en realidad en debate los conceptos de democracia imperantes en el mundo.
Por Carlos Gabetta
La Revolución Cubana comenzó el 1º de enero de 1959. En los primeros años '60 todos los gobiernos latinoamericanos, con excepción de México, votaron por la exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA) y rompieron relaciones diplomáticas con la isla. Ni el bloqueo estadounidense, ni un frustrado intento de invasión, ni los numerosos sabotajes a instalaciones y cultivos o los intentos de asesinato sufridos por Fidel Castro y otros dirigentes los hicieron cambiar de actitud.
A lo largo de los '70 y '80, en el contexto de la derrota de Estados Unidos en Vietnam y del fin progresivo de las dictaduras militares latinoamericanas (apoyadas más o menos explícitamente por Estados Unidos), los Estados de la región fueron normalizando uno a uno sus relaciones con Cuba. Actualmente, todos realizan intercambios normales con la isla, mientras Estados Unidos continúa y refuerza su bloqueo mediante leyes del Congreso (las "Helms-Burton" y "Torricelli" que, entre otras cosas, pretenden sancionar a las compañías no estadounidenses que comercien con Cuba), a pesar de que la Asamblea General de Naciones Unidas, por abrumadora mayoría, hace años que reitera su condena a la medida.
Cuba abandonó en los hechos su inicial política de "exportar la revolución" a América Latina luego de la caída del comandante Ernesto "Che" Guevara en Bolivia, en octubre de 1967, aunque siguió manteniendo -sin hacer un secreto de ello- relaciones con los movimientos y partidos de izquierdas del continente. En los primeros '90, luego de la caída del muro de Berlín y de la descomposición de la Unión Soviética, su principal aliado y sostenedor, atravesó una crisis económica gravísima, similar a los efectos de una guerra. Hoy es una de las economías americanas de más firme crecimiento (2).
Más allá de las opiniones que suscite, la política exterior cubana mantuvo a lo largo de estos avatares una línea coherente: no dar ni pedir cuartel a sus adversarios; distinguir entre las políticas de Estado y las sociedades. Cuba mantuvo excelentes relaciones con México, el único país latinoamericano que no obedeció en su momento el diktat de Estados Unidos; apoyó a gobiernos de izquierdas (la Unidad Popular Chilena; el Frente Sandinista de Nicaragua; el People's Revolutionary Government de Granada) y guardó las formas con los de derechas que por diversas razones la respetaron: comerció con la dictadura argentina (1976/83), a la que en 1982 llegó a ofrecer asistencia militar durante la guerra de Malvinas con Gran Bretaña.
Paulatina normalidad
A partir de los '90, al cerrarse este largo y conflictivo periodo de tres décadas, Cuba devino un país plenamente instalado entre las naciones. En América ya no es el "perro sarnoso", salvo para Estados Unidos. Desde 1992 participa de pleno derecho en la reunión bianual de mandatarios iberoamericanos, instaurada a iniciativa de España en ocasión del quinto centenario del descubrimiento de América por Cristóbal Colón.
Llegamos aquí a una de las paradojas en la actitud de los gobiernos latinoamericanos respecto a Cuba: ¿cual es la razón -política, diplomática, jurídica, moral- por la que éstos consideran que Cuba tiene derecho a sentarse a la mesa de mandatarios iberoamericanos y, en cambio, aceptan sin más que se la excluya de la de mandatarios americanos, que tiene lugar desde 1994 por iniciativa del presidente Bill Clinton? Sólo puede haber una: se trata de una imposición de Estados Unidos, que los demás aceptan sin chistar.
En la última Cumbre Iberoamericana, realizada en La Habana el año pasado, Cuba volvió a ofrecer a sus vecinos de la región una muestra de firmeza y soberanía, cuando se negó a firmar una condena a la banda terrorista ETA, solicitada por el gobierno español. A pesar de que se la acusó de apoyar a los terroristas, la razón de la actitud cubana fue lógica y desnudó una vez más la hipocresía y doblez de los demás: en América Latina se cometen a diario infinidad de violaciones a los derechos humanos por parte de casi todos los Estados; Estados Unidos ha invadido países (República Dominicana, Panamá, Granada); ha contribuído a derrocar gobiernos democráticos y populares (Jacobo Arbenz en Guatemala, Salvador Allende en Chile, etc.); ha saboteado economías, promovido asesinatos y actualmente destruye cultivos en Colombia con desfoliantes prohibidos que causan graves daños a las poblaciones (3), entre otras tropelías. ¿Era entonces posible y justo que se condenara el terror de ETA en España y se omitiera el resto? Fidel Castro se negó a firmar la declaración, a pesar de que todos los demás lo hicieron.
Otra de las paradojas es que los mismos Estados latinoamericanos que ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU votan la condena a Cuba, a continuación condenan el bloqueo a que Estados Unidos la somete desde hace 42 años. Pero ocurre que la principal razón que esgrime Estados Unidos para mantener su bloqueo es la supuesta violación de derechos humanos en Cuba. De este modo, los países que votan a favor de la condena a Cuba conceden a Estados Unidos su principal argumento para mantener el bloqueo ¡y luego pretenden que lo levante! Además: ¿Cómo podría esa pequeña isla haber resistido todo este tiempo a las trapacerías de su gigante vecino y superar los problemas que ello ocasiona sin férreos y complicados mecanismos defensivos? ¿Y cómo puede avanzar una democracia política representativa tradicional en esas condiciones?
El problema de fondo, en este punto, es lo que el filósofo español Francisco Fernández Buey llama "la extensión de una concepción sólo formal, normativa y procedimental de la democracia" (4), en el mundo occidental. Así Cuba, una pequeña isla acosada que en 40 trabajosos años ha conseguido elevar los niveles de salud, educación, bienestar y dignidad del conjunto de su población, no sería una democracia porque se rige por un sistema de partido único; mientras que el Perú de Alberto Fujimori o la Argentina hípercorrupta y empobrecida de Carlos Menem -o cualquiera de las republiquetas de la región, en las que campean el desenfreno de la riqueza y la más extrema de las miserias para la mayoría- sí lo serían. "En el mundo occidental sigue existiendo un doble criterio para la validación de las democracias en el plano internacional y, de hecho, lo que se acaba imponiendo una y otra vez en nuestro mundo es la consideración, en este plano, de la llamada 'democracia por excelencia' (Estados Unidos de Norteamérica), como se ve por el juicio imperante acerca de China, Rusia, Cuba, India, Argelia, Turquía y, en general, América Latina. Este criterio, que es el que domina en la mayoría de los medios de comunicación, es escandaloso: ha servido y sirve para llamar 'democracias' a países en los que mandan amigos de Estados Unidos y negar tal título a países en los que mandan sus adversarios" (5).
El "lamebotas" sudamericano
Y llegamos así al "caso" Cuba-Argentina actual. En la década del '80, Estados Unidos intentó en vano que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la ONU condenara a Cuba. Pero en los '90, debido esencialmente al viraje de Europa Occidental consecutivo al derrumbe soviético y a la mayor "libertad de presión" de Estados Unidos, la situación se revirtió. Luego de que en 1998 Cuba evitase a duras penas la condena, ésta se produjo en 1999 (21 votos contra 20 y 12 abstenciones) y en 2000 (21,18 y 14 votos respectivamente). Argentina, que votó a favor de la condena durante todo el gobierno de Carlos Menem, había reiterado su voto en el 2000, pero esta vez bajo el gobierno presuntamente de centroizquierdas de la Alianza, presidido por Fernando de la Rúa, lo que motivó el retiro anticipado del embajador cubano en Buenos Aires.
La indignación cubana obedeció entonces a que el radicalismo (miembro principal de la Alianza) se había abstenido sistemáticamente durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983/89) y se esperaba que ahora -con mayor razón por integrar un pacto con fuerzas de izquierdas- mantuviese su política tradicional hacia Cuba.
Ahora, ante la inminencia de una nueva votación -prevista para abril próximo- Castro se anticipa y, en un lenguaje insólito y brutal para los usos diplomáticos, acusa al gobierno argentino de "lamebotas" de Estados Unidos, puesto que habría decidido ya su voto favorable a una nueva condena a Cuba en la ONU. Apoyándose en un cable de la agencia Noticias Argentinas que cita fuentes de la cancillería -no desmentido por el gobierno argentino- y reproducido por las agencias mundiales, Castro afirma que la decisión argentina obedecería a la presión ejercida por Estados Unidos luego de que los organismos financieros internacionales, bajo tutela del Fondo Monetario Internacional, le acordaran 40.000 millones de créditos especiales para evitar una cesación de pagos.
Contra lo que cabría esperar, las intempestivas declaraciones de Castro no suscitaron un reflejo nacionalista de parte de los ciudadanos argentinos, que más bien tienden a darle la razón, según los primeros sondeos de los medios periodísticos (6). Más aún, al difundirse la sospecha de que el gobierno se dispondría a repetir el voto del año pasado con la misma mecánica, es decir "en silencio, en la clandestinidad, sin informarlo al gabinete, al presidente de la Unión Cívica Radical (UCR, en el gobierno) ni al Frepaso (sus aliados de izquierdas)" (7), una visible corriente de indignación se levantó en parte de la opinión pública y en la Alianza en el gobierno. El ex presidente Raúl Alfonsín, actualmente a cargo de la presidencia de la UCR, afirmó que "al margen de las declaraciones de Castro, Argentina debe abstenerse" y acusó a la Secretaría de Medios de la presidencia de la República de "estar en el origen de todo este entredicho" (8). El ex vicepresidente de la República y líder del Frepaso, Carlos Alvarez, mantiene la misma posición.
Dicho esto, cabe preguntarse qué busca Castro con unas declaraciones que deterioran seriamente sus relaciones con Argentina ante un asunto que, cualquiera sea su resultado, no afectará demasiado la situación de Cuba en el mundo. Un analista avanzó la siguiente tesis: "(En la CDH de la ONU) Argentina podría estar siendo un referente clave. Si Fidel está en lo cierto, EE.UU. estaría buscando que un país democr*tico intermedio, no europeo, promueva la condena (...) el gobierno de De la Rúa votará igual que el de Menem sobre Cuba. Sin motivos para optar en 2001 por la abstención, el cambio argentino podría ser de actitud: sumarse a los promotores activos de una moción (de condena). Pero si en Washington o en Buenos Aires alguien especuló con esa hipótesis, Castro la acaba de destruir con sus afirmaciones. Una Argentina ofuscada diplomáticamente (y dividida internamente) no puede encabezar una iniciativa de condena; esto sería visto como una retaliación. La racionalidad estratégica de Fidel Castro habría logrado su meta: silenciar a Argentina (¿y a otros países medios?) en la CDH" (9).
En cualquier caso, Castro gana en todos los frentes: si el gobierno argentino vota en su contra, le habrá dado la razón y el asunto se quedaría allí, ya que no parecen estar dadas las condiciones para una ruptura diplomática en regla; si vota a su favor, todos contentos.
El que se ha metido en una trampa no sólo diplomática, sino de política interna, es el gobierno argentino. Gajes del oficio de correveidile.
1 Al cerrar un Congreso Internacional de Economistas realizado en La Habana a finales de enero pasado, Castro calificó a la política exterior argentina de "lamebotas de Estados Unidos", entre otras consideraciones por el estilo.
2 Jorge Beinstein, "El contramodelo cubano", Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur Nº 15, Buenos Aires, septiembre de 2000
3 Maurice Lemoine, "La muerte que viene del cielo", Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur Nº 20, Buenos Aires, febrero 2001.
4 Francisco Fernández Buey, "Etica y filosofía política", Edicions Bellaterra, Barcelona, 2000.
5 Ibid.
"La calle coincide con los dichos de Castro", La Nación, Buenos Aires, 9-2-01.
6 Mario Wainfield, "Del desparpajo a la hipocresía", Página 12, Buenos Aires, 11-2-01.
8 Marcelo Helfgot, "Alfonsín: alguien del gobierno provocó el conflicto con Cuba", Clarín, Buenos Aires, 13-2-01. Los sondeos de las diversas radios arrojaron un resultado similar.
9 Juan Gabriel Tokatlian, "Las lenguas del lagarto verde", Clarín, Buenos Aires, 11-2-01.
Foro social mundial
En su gran diversidad, los movimientos opuestos a la mundialización liberal no solamente van a seguir marcando de cerca al FMI, la OMC, el Banco Mundial, sino que además harán propuestas resultantes de un consenso internacional, como la eliminación de los paraísos fiscales, la cancelación de la deuda del Tercer Mundo y la tasa Tobin.
Por Bernard Cassen
Los lectores de Le Monde diplomatique ya estaban familiarizados con las experiencias de democracia participativa puestas en práctica en Porto Alegre, capital del estado brasileño de Rio Grande do Sul. Estaban informados de la celebración del Forum social mundial (FSM) en esta ciudad y de la perspectiva de ver constituirse allí el embrión de una Internacional rebelde (ver Porto Alegre, de Ignacio Ramonet, en la edición del mes de enero de 2001). No les sorprendió entonces la extraordinaria repercusión que tuvo esta iniciativa en Francia y en el mundo. Inaugurado el 25 de enero, exactamente, y no por causalidad, en la misma fecha que el Foro de Davos, en menos de 48 horas el FSM se instaló mediáticamente al mismo nivel que el World Economic Forum, donde los dueños de las finanzas y la industria se reúnen desde hace 30 años para moldear a su modo el futuro del mundo.
De un lado del Atlántico, en lo alto de la montaña suiza, banqueros y especuladores de todo tipo, presidentes de trasnacionales y políticos que habían venido a apoyarlos- o simplemente a cortejarlos - simbolizaban con arrogancia el sometimiento de las sociedades a los dictados del lucro. Del otro, esas sociedades, representadas por sindicatos, asociaciones, ONGs y electos por sufragio universal, acudieron a decir que es posible un mundo diferente del que impone el neoliberalismo dominante. La sola existencia del FSM quita toda legitimidad a Davos, que de ahora en más, si se perpetúa, aparecerá como una mera reunión de intereses corporativos, una asociación de grandes empresas de la globalización unidas contra las aspiraciones a un mundo más justo, más solidario, más preocupado por el futuro del planeta.
De modo que lo que tuvo lugar en la capital gaúcha es un verdadero viraje. En su gran diversidad, los movimientos opuestos a la mundialización liberal, es decir, a una mundialización concebida por y para el poder del dinero, lo que expresa muy bien la formulación inglesa de corporate-led globalization, no solamente van a seguir marcando de cerca a los responsables reunidos en las asambleas del FMI, la OMC, el Banco mundial, incluso en Niza, sino que además van a hacer propuestas resultantes de un consenso internacional. Las de Porto Alegre, elaboradas en unos 400 talleres, se van a difundir a través del sitio de Internet organizado por el equipo de la edición brasileña de Le Monde diplomatique.
En una confrontación televisiva, ya fueron lanzadas varias propuestas a Davos y a los gobiernos: la anulación lisa y llana de la deuda pública del Tercer Mundo (que ya se pagó varias veces), la eliminación de los paraísos fiscales y la tasa Tobin sobre la especulación monetaria. En este sentido, se advertirá que el megaespeculador que es George Soros se pronunció en público a favor de esta tasa en el mismo Davos. Mucho más lúcido que algunos de sus colegas, para quienes el horizonte de la reflexión no supera el lapso de tiempo entre dos operaciones- unos diez minutos - Soros está dispuesto a abandonar una parte para no perderlo todo, a disminuir en algo los beneficios con el fin de poner a salvo un sistema del que espera seguir sacando ventaja. El ministro francés de economía y finanzas Laurent Fabius que en un informe del mes de agosto de 2000 había llegado a la conclusión de la imposibilidad "técnica" de esta tasa, debiera consultarlo sobre el tema.
Sin subestimar las competencias de Fabius, cabe suponer que sabe menos profesionalmente sobre los engranajes de la especulación, y por consiguiente sobre el modo de combatirla, que el hombre que hizo caer la libra y reunió ganancias fabulosas sobre otras divisas. Le Monde diplomatique en sociedad con ATTAC está dispuesto a organizar un debate público entre estas dos personalidades, y dentro de poco les dirigirá una invitación con ese fin.