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Badinter: “No hay justicia independiente con corrupción”

Archivado en LaNación Mundo • Fecha: 26-01-2005 12:46:54

La mirada del prestigioso jurista francés

PARIS.– A las 17.45 del 17 de enero de 1974, el abogado francés Robert Badinter concluyó un alegato de 75 minutos, en el que describió, con lujo de detalles, los últimos momentos de un condenado a la guillotina. Agotado, jadeante, con la mirada encendida por la pasión, el defensor del asesino Patrick Henry apuntó su dedo acusador hacia cada uno de los miembros de un jurado petrificado por el horror y vociferó: “¡Usted... usted... usted...! ¿Serán capaces de seguir viviendo después de haber cortado a un hombre en dos?”

En ese momento, Badinter salvó a Henry y comenzó a ser leyenda.

Siete años después, como ministro de Justicia de François Mitterrand, Badinter –hijo de un judío ruso emigrado a Francia, deportado a Alemania y exterminado en Auschwitz– obtuvo la abolición de la pena de muerte en su país.

Francia le debe, además, la supresión de la ley de seguridad del Estado y la de los tribunales militares de excepción; la posibilidad, para todo ciudadano, de presentarse ante la jurisdicción europea si el Estado francés viola sus derechos, y numerosas leyes en favor de los detenidos, de la mujer y de los homosexuales. Badinter tiene ya más de 30 años de lucha cotidiana en favor de los derechos humanos, la paz, la libertad y la democracia.

Abogado, profesor de Derecho, constitucionalista, ex ministro, ex presidente del Consejo Constitucional francés y actualmente senador socialista, este asceta de 71 años es uno de los hombres más respetados del mundo en el terreno judicial. No sólo fue un actor de primer orden en la creación de instancias jurídicas internacionales, como la Corte Penal Internacional, y autor de numerosas constituciones de los países de Europa del Este después de la caída del comunismo. También fue miembro del exclusivo High Level Panel de las Naciones Unidas, grupo de 15 especialistas que estudiaron posibles reformas de la organización internacional.

Obsesivo en su trabajo, mordaz, brillante orador, su probidad legendaria y su confianza en el futuro de la justicia han llevado a algunos a llamarlo el Ignacio de Loyola de los tiempos modernos.

-Usted hizo abolir la pena de muerte en Francia en 1981. Ese "combate de su vida", como usted lo califica, tiene aún muchos enemigos. Millones de personas piensan que la pena de muerte debería ser restablecida para los crímenes odiosos?

-En Francia cada vez son menos los que están a favor de la pena de muerte. El día mismo de la abolición se hizo un sondeo y había -como hoy en los Estados Unidos- un 65% de franceses en favor de la pena de muerte y sólo un tercio por la abolición. Yo dije que habría que esperar una generación para que la abolición fuera aceptada. Hoy la opinión pública está en su mayoría contra el restablecimiento de la pena capital. En los más jóvenes la diferencia es todavía superior. Se trata, pues, de una victoria en las mentalidades.

-¿Qué responde a quienes afirman, como lo hacen muchos norteamericanos, que la pena de muerte es disuasiva?

-En Estados Unidos la situación es extremadamente variable. La opinión pública norteamericana es muy contrastante, como lo era en Francia. Siempre es necesario encontrarle una razón a la barbarie. Entonces se dice que la pena de muerte es "disuasiva", pero la única certeza que existe es que la pena de muerte no tiene ninguna influencia en la evolución de la criminalidad sangrienta u odiosa. Esa criminalidad es indiferente a la presencia o ausencia de la pena de muerte. Es la única constatación que se ha hecho en todos los países. Si realmente la aplicación de la pena de muerte permitiera limitar los crímenes odiosos, naturalmente, ningún gobierno democrático hubiera podido resistir la presión de la opinión pública.

-También hay países que aplican la pena de muerte por otras razones. China e Irán, por ejemplo...

-No sólo Irán. La gente cree que la pena de muerte es masivamente aplicada para castigar asesinatos o actos terroristas. ¡Para nada! En la práctica actual de la barbarie, los motivos a los que se apela en el mundo para usarla son, primero, el tráfico de estupefacientes, sobre todo en los países asiáticos (Tailandia y China); luego, la corrupción, y después, el adulterio y la homosexualidad en los países que practican la charia [ley islámica] en su interpretación más fanática. Y permítame una reflexión. Con mucha frecuencia me irrita ver lo que sucede en los países occidentales. Nuestras feministas, por ejemplo, hacen campañas multitudinarias -y legítimas- contra el acoso sexual. Pero cuando se lapida a una mujer adúltera en Irán nunca hay 20.000 mujeres que salgan a la calle a manifestarse. Lo mismo sucede a veces con la comunidad gay: decenas de miles se manifiestan por el legítimo combate en favor de la igualdad de derechos, pero cuando le cortan la cabeza a un homosexual en Arabia Saudita nunca veo una protesta masiva. En otras palabras, ¿dónde está el ultraje a la humanidad? ¿En el acoso sexual o en la lapidación, en bloquear los matrimonios gay o en liquidar físicamente a un homosexual? Nadie habla de eso. Probablemente porque no les atañe directamente.

-A propósito de fanatismos, ¿el mundo se halla hoy ante una guerra santa?

-No. Para una guerra santa hacen falta dos actores. Hoy asistimos a un rechazo radical del sistema de pensamiento y de valores de Occidente. Ese rechazo va hasta el fanatismo y engendra todo lo que vemos.

-¿Esta explosión de odio y violencia podría haberse evitado si EE.UU. no hubiera invadido Irak?

-Esa violencia y ese odio estaban presentes mucho antes de Irak. El 11 de septiembre de 2001 fue antes. La guerra en Irak fue un error, pero la primera responsabilidad la tienen aquellos que optaron por el terrorismo. Yo he reflexionado mucho. No quiero que Occidente caiga en la trampa que se le tiende del doble estándar, dos tipos de moral para sociedades diferentes. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la que ocurrieron crímenes de todo tipo, hubo una evolución, una toma de conciencia en gran parte de la comunidad internacional. Por parte de los Estados hubo una especie de voluntad de autocontrol. De esa actitud nacieron el concepto de crimen de guerra, la Convención de Ginebra, el principio de protección de las poblaciones civiles...

-¿Qué es un crimen de guerra?

-Es la prohibición hecha a un Estado de recurrir a medios inútiles militarmente, pero que siembran el terror entre los civiles mediante destrucciones masivas. Cuando uno mira la acción terrorista, que golpea a civiles inocentes para sembrar el terror y así obtener un resultado político, es lo mismo. No es diferente de lo que hacen algunos Estados y por lo cual son condenados. No veo por qué razón, tratándose de organizaciones terroristas transnacionales, la comunidad internacional no debería tener la misma reacción. Por suerte, después de haber trabajado en los estatutos de la nueva Corte Penal Internacional para castigar los crímenes contra la humanidad, conseguimos incluir ese principio. Soy partidario de adoptar una convención internacional, que nunca hemos sido capaces de elaborar, que condene el terrorismo per se, independientemente de las condiciones políticas y del momento en que se cometa contra civiles inocentes, ya sea por un Estado o por una organización. La idea de base es simple: es necesario despojar al crimen de su motivación ideológica. Sea cual fuere la razón ideológica, hay una frontera establecida, y el que la traspasa comete un crimen contra la humanidad. Ese límite es atacar masivamente a víctimas civiles inocentes.

-Si la Corte Penal Internacional hubiera existido antes quizá se habría podido juzgar allí al general Pinochet o a los dictadores argentinos. Sin embargo, ¿no cree usted que es preferible que los propios Estados juzguen a sus criminales?

-No solamente lo creo, sino que es un principio establecido en el sistema instaurado por el Tratado de Roma, que dio origen a la Corte Penal Internacional. El principio es que cuando una investigación diligenciada bajo control del procurador independiente de la Corte Penal Internacional demuestra que en un Estado se ha cometido un crimen contra la humanidad, es la jurisdicción del Estado competente la que debe juzgar. En el caso de la Argentina, sería la justicia argentina la que debería juzgar a esos criminales. La Corte Penal Internacional sólo interviene si los argentinos son incapaces de hacerlo, si se niegan o si organizan un falso proceso para evitar ese juicio. La Corte no tiene competencia inicial. Pero la Corte Penal Internacional permite cerrar la trampa: "Ustedes lo juzgan o nos lo entregan". Ahora es necesario que esa Corte funcione.

-¿Es partidario del derecho de injerencia?

-El derecho de injerencia no existe. Es necesario abandonar ese término desafortunado que hace erizar, legítimamente, a los países en vías de desarrollo, que lo toman como una forma de neocolonialismo. Ese concepto quiere decir: "Tengo derecho de entrar en tu casa debido a lo que haces". De lo que se trata es del deber de asistencia humanitaria. Uno debe ayudar a alguien que se ahoga, socorrer a alguien que es atacado en la calle. De esa misma manera, la comunidad internacional no puede dejar morir ante sus ojos a poblaciones enteras sometidas a la barbarie. Yo no tengo el derecho de ir a Sudán: tengo el deber de ir a ayudar a esa gente en las condiciones establecidas por el derecho internacional.

-¿Está usted de acuerdo con aquellos que afirman que los derechos humanos deben adaptarse a la cultura de cada país?

-Los derechos humanos son universales. Todo ser humano tiene derecho a la dignidad. Si yo tomo a una persona, primer objeto de la protección de los derechos humanos, es evidente que el hombre tiene derecho, antes que nada, a no ser asesinado (sobre todo, por el Estado), a no ser herido, a no ser torturado, a no ser deportado, a no ser sometido a violaciones colectivas, depuraciones étnicas. Todos esos son derechos universales, intangibles, como también la libertad de expresión, la libertad de asociación, etcétera. Ahora tenemos también -y hay que poner el acento en ellos- el derecho intangible a no morir de hambre, a no ser abandonado a las epidemias, a no ser librado al tráfico de seres humanos. Podría citar muchos otros. En el mundo actual, gozar de un medio ambiente sano es un derecho fundamental. Lo que no es universal es la expresión de cada uno de esos derechos, la forma que éstos adoptan: la libertad de asociación o los derechos sindicales no pueden tener la misma forma en todas partes.

-Hablando de dignidad del hombre, después del 11 de septiembre de 2001, de la promulgación en Estados Unidos del Acta Patriótica y de la internación de los prisioneros afganos en Guantánamo, usted pidió públicamente un juicio justo para Ben Laden, llegado el caso. Pero ¿por qué EE.UU., una democracia que cuenta con todas las instituciones necesarias, creó una zona ilegal en el Caribe?

-Es injusto decir "los Estados Unidos". Hay que decir "el gobierno de los Estados Unidos". Por suerte, los gobiernos cambian, pero los Estados perduran. Y en este caso, no se debe confundir los Estados Unidos con las acciones del señor Ashcroft o del gobierno de Bush. En todo caso, sé que en este tipo de lucha contra el terrorismo -y tenemos muchos ejemplos en períodos de descolonización- hay una permanente tentación de abandonar o ignorar el Estado de Derecho. Los primeros artículos que yo publiqué fueron contra la práctica de la tortura de los paracaidistas franceses en Argelia, violaciones que fueron mucho más graves que las de Guantánamo. En estos casos, suele haber un sentimiento que podría expresarse de esta forma: "Aquí estamos en presencia de criminales que no respetan nada y, en consecuencia, no vamos a respetar, para ellos, las reglas comunes del derecho". Es un error absoluto: es como adoptar la moral del terrorismo. Porque se desciende al mismo nivel que el de la acción terrorista. Cuando la democracia reniega de sus valores es fatal. Lo peor es que no sirve para nada. La historia lo demuestra. No es así como se obtiene la victoria. Pero no pierdo la esperanza: los Estados Unidos son un viejo Estado de Derecho y van a reaccionar.

-Durante más de 30 años usted trabajó en favor de la independencia de la Justicia y del buen funcionamiento de las instituciones. ¿Cómo se consigue un Estado sólido que asegure a sus ciudadanos sus derechos fundamentales?

-Las reglas de juego son bien conocidas. Sólo hay que practicarlas y respetarlas: una Justicia independiente, una policía que respete los principios y procedimientos establecidos, controlada por una magistratura preocupada por el respeto del Estado de Derecho, una democracia en la que reine la separación de poderes... No se trata de una utopía. Las cosas jamás son perfectas, pero hay un cierto número de países en los cuales se podría decir que, en general, las reglas son respetadas.

-Pero ¿por qué es posible en Francia, por ejemplo, y no en la Argentina, que ha recibido parte de su herencia cultural?

-La consolidación del Estado de Derecho en Francia no fue simple: fue un proceso largo y con caídas repetidas. Pero ahora no es sólo Francia; ahora se trata de un grupo de naciones europeas. Con algunas excepciones, Europa es un continente que goza actualmente de un sistema de garantías jurídicas -algunas internacionales, como la Corte Europea de Derechos Humanos- muy superior a todo lo conocido en su historia. Actualmente en el continente europeo es donde mejor se garantizan los derechos humanos. Pero esto no se debe al azar, sino al horror de lo que sucedió antes. La inmensidad de crímenes cometidos, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, consiguió espantar a los europeos. Y ese horror hizo que Europa tomara conciencia de que para los seres humanos no hay salvación posible, en el sentido terrestre del término, fuera de la democracia, del respeto de los derechos humanos. Es así de simple. Es una convicción. Las guerras no resuelven nada; la violencia tampoco. Es muy profundo ese sentimiento de los europeos.

-¿Qué piensa sobre la Argentina?

-La Argentina es un país de gran cultura. Era un país rico que fue sacudido por graves crisis económicas y que, gracias a Dios, no es ni de lejos comparable con ciertos Estados africanos. ¿Qué hizo que florecieran esos terribles regímenes dictatoriales? Son los argentinos los que deberían responder a esa pregunta. No fue por culpa de una guerra. Quizá se trate de una cultura política de la cual aún no fue erradicada la violencia, donde todavía se cree que el fin justifica los medios. En Europa necesitamos mucho tiempo para poder decir ahora: "No, el fin no justifica los medios". La doctrina comunista era eso: en aras del porvenir radiante de la humanidad adoptamos regímenes con campos de concentración, deportaciones internas, corrupción policial y torturas. En ciertos países latinoamericanos, el fin -proteger los valores cristianos, luchar contra la amenaza del comunismo internacional, preservar el orden contra la revolución- servía de inspiración a los dictadores para someter a sus pueblos. Pero yo no estoy para nada preocupado por el futuro democrático de la Argentina. La cultura mundial de hoy es radicalmente hostil a toda forma de totalitarismo. Tengo menos miedo que hace 30 años: hoy disminuyeron sensiblemente los nacionalismos; las tentaciones militares parecen ridículas y casi no existe el recurso a la fuerza en las relaciones internacionales. No soy para nada pesimista.

-Hablábamos de que es necesario que la Justicia sea independiente del poder político....

-Una vez más, las recetas son conocidas. Yo estaría encantado de ir a la Argentina a explicar los aspectos técnicos de la cuestión. El problema no está en la dificultad del modelo, sino en el sistema de poder. Todo depende de la voluntad política. Los políticos tienen que admitir que para que haya una Justicia fuerte e independiente tiene que dejar de existir la corrupción.

Por Luisa Corradini
Para LA NACION

http://www.lanacion.com.ar/cultura/nota.asp?nota_id=674166

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